LAS CLAVES TERRITORIALES DE LA GUERRA Y LA PAZ

Desarrollo Regional, Participación Ciudadana y Agenda de Paz


Darío González Posso

PRESENTACIÓN*

 

“EN ESTE PUEBLO NO MANDAMOS CON PAPELES”

 

“¿Usted escribió este papel?”, le preguntó. Don Apolinar Moscote, un hombre maduro, tímido, de complexión sanguínea, contestó que sí. “¿Con qué derecho?”, volvió a preguntar José Arcadio Buendía. Don Apolinar Moscote buscó un papel en la gaveta de la mesa y se lo mostró: “He sido nombrado Corregidor de este pueblo”. José Arcadio Buendía ni siquiera miró el nombramiento.

En este pueblo no mandamos con papeles -dijo sin perder la calma-. Y para que lo sepa de una vez, no necesitamos ningún corregidor porque aquí no hay nada que corregir.

Ante la impavidez de don Apolinar Moscote, siempre sin levantar la voz, hizo un pormenorizado recuento de cómo habían fundado la aldea, de cómo se había repartido la tierra, abierto los caminos e introducido las mejoras que les habían ido exigiendo la necesidad, sin haber molestado a gobierno alguno y sin que nadie los molestara... No se dolió de que el gobierno no los hubiera ayudado. Al contrario, se alegraba de que hasta entonces los hubieran dejado crecer en paz, y esperaba que así los siguiera dejando, porque ellos no habían fundado un pueblo para que el primer advenedizo les fuera a decir lo que debían hacer...

Gabriel García Márquez – “Cien Años de Soledad”.

Algunas veces se olvida el papel que las comunidades, con mayores o menores grados de autonomía, han ejercido en la construcción regional, aunque es preciso reconocer también que a menudo les ha sido impuesto “el desarrollo” y que aun existe la tentación de imponérselo desde afuera y desde “centros” nacionales e internacionales a partir de los cuales se ejerce el poder económico y político del capital. Sin embargo, en Colombia ha habido tradicionalmente más territorio que Estado. Aquí no ha existido Estado-nación consolidado y, a juicio de muchos estudiosos del tema, posiblemente no lo habrá, a pesar de los ingentes esfuerzos de un centralismo ya caduco.

La teoría política dominante sostiene que un Estado no es imaginable sin una base espacial - territorial y que son el poder político y militar estatales los que determinan el dominio territorial del mismo, estableciendo sus “fronteras”. Pareciera que aún conservamos la herencia del Siglo XIX en América, cuando la regla era, como recuerda Ernesto Guhl[1], que “el poder estatal no alcanzaba a llegar a las zonas fronterizas del espacio limítrofe de los Estados geográficos y las fronteras fueron fijadas por el famoso Uti Possidetis de 1810”, principio que significa Así como habéis poseído, poseáis, según el cual el área territorial de los nuevos Estados de la era republicana debería ser igual a la que tenían antes de independizarse de España. Al Uti Possidetis se le agregó el término Juris, para indicar que era una posesión de derecho. Como se sabe, esto dio origen a conflictos fronterizos entre países en el siglo XIX y a guerras civiles en Colombia, entre “centralistas” y “federalistas”.

Todo Estado tiende a un dominio que ejerce a menudo en forma violenta, incluso hacia adentro de lo que se considera “su” territorio, o “su” espacio geográfico, de manera que “la frontera es el producto del movimiento del poder estatal, en contraste con un límite natural que es a la vez una zona de contacto de una región natural con otra región” (Guhl). La frontera no tiene porqué coincidir con el límite natural y rara vez lo hace. A los límites naturales, siguen los culturales, que son los límites que marcan el impacto, positivo o negativo, de los seres humanos sobre el entorno natural. Las fronteras son ante todo los confines de un Estado o de una división territorial interna.

La relación de los grupos sociales y políticos dominantes con el espacio, es similar a la ejercida sobre los grupos sociales subordinados: explotación del trabajo y expoliación de la naturaleza. Es por esto que las concepciones de esas elites políticas sobre el ordenamiento territorial y las fronteras vinculan división territorial con dominación política. Pero los hombres y mujeres de las regiones, los colonos, los trabajadores, los pueblos indígenas, las comunidades afroamericanas, los campesinos, como recuerda Orlando Fals, ignoran las fronteras formales, pues actúan con referencias vitales, más funcionales desde el punto de vista comunitario y diferentes de las institucionales que son definidas por el Estado. “Los límites formales, sirven para legitimar el control político de gamonales y caudillos sobre los territorios y poblaciones”[2]. Pero estos modelos por diferentes causas se están fracturando.

Además, en Colombia, aparte de una histórica debilidad institucional, ahora se han fortalecido regionalmente los llamados paraestados como consecuencia de la concentración de poderes locales de la guerrilla, el narcotráfico y el paramilitarismo. La guerrilla hoy tiene jurisdicción de facto sobre un importante número de municipios del país. Los narcotraficantes, al vincularse a la gran propiedad territorial de manera masiva, han contribuido a una verdadera contrarreforma agraria y ha fortalecido su poder local. Según algunas estimaciones, los narcotraficantes han adquirido tierras en el 42% de los municipios del país[3], en muchos casos para incrementar el esquema de baja productividad de la ganadería vacuna extensiva. El paramilitarismo, por su parte, se ha constituido para la defensa de poderosos intereses nacionales e internacionales de la acumulación del capital en una economía globalizada[4], también está al servicio de grandes propietarios territoriales, en especial de aquellos enriquecidos con el narcotráfico, y según afirman muchos análisis hace parte de la estrategia del Estado contra la guerrilla[5]. Según lo reveló a la Revista Semana[6] la Federación Colombiana de Municipios, para los próximos comicios de octubre de 2000, el 40% de los alcaldes se encontrará en zonas de influencia guerrillera o paramilitar, lo cual pone de relieve las dimensiones de estos fenómenos.

El Estado se encuentra hoy  con una de las más profundas crisis institucionales, en medio de ácidos debates por la corrupción que campea en las diferentes ramas del poder y que ha enfrentado al ejecutivo y al legislativo (correspondía a mediados del 2000, en el Gobierno de Pastrana). Estas son apenas las manifestaciones del momento. Colombia vive hace rato una de sus más profundas crisis de gobernabilidad, que impregna todas las estructuras de la institucionalidad del Estado.

Según muchos análisis el país se ha fragmentado, el territorio pareciera que se ha empezado a dividir, con zonas estratégicas en las cuales el Estado ha sido reemplazado en sus funciones por una “institucionalidad” de facto que en amplias extensiones del territorio nacional detentan el poder local. Una de las características de la situación colombiana es precisamente el colapso parcial del Estado, que el proceso constituyente de 1991intentó superar.

Para muchos observadores, especialmente extranjeros, en nuestro país ya ha ocurrido o tiende a producirse una repartición territorial tácita, en zonas de influencia o de dominio de diferentes cuerpos armados. Por ejemplo, un artículo del Atlas 2000 de los Conflictos,  publicado en París por Le Monde Diplomatique, indica que “El Presidente Pastrana no quiere acceder al reconocimiento del status de beligerancia que demanda la oposición armada, porque según él esto significaría un fraccionamiento del país[7].

Otro aspecto que revela la importancia de los temas territoriales y regionales en relación con este conflicto tiene que ver con la tendencia de la insurgencia a pasar de la prioridad sobre la toma del poder a controlarlo o construirlo en los ámbitos locales. Por ello, el centro del conflicto cada vez más se ha expresado en el control -total o parcial- de las instituciones a niveles regionales y locales, con sus consecuencias sobre las políticas públicas y la gestión del desarrollo regional.

El gobierno nacional, en esta y en las pasadas administraciones, ha tendido a centralizar los diálogos en los niveles del poder Ejecutivo nacional. Tal parece que aceptar y propiciar las negociaciones regionales, con la participación de actores regionales, sería tanto como reconocer y "legitimar" a la guerrilla como interlocutor válido a nivel local, que es precisamente donde ella concentra su poder.

Frente a estas realidades del desarrollo territorial, hoy cruzado por la guerra, que en esta presentación apenas son esbozadas con rápidas pinceladas, se expresan en Colombia diversos puntos de vista, algunos de los cuales hemos logrado incorporar en el presente compendio para el debate en relación con una agenda para la paz.

Algunas referencias

-          De acuerdo con varios autores aquí incluidos, como Orlando Fals o Libardo Sarmiento, Colombia carece de un verdadero ordenamiento territorial, sobre bases ambientales y culturales, que siga las dinámicas locales y regionales, al igual que el interés nacional animado por un proyecto de largo plazo. El máximo avance lo constituye la Ley 388 de julio de 1997 conocida como Ley de Desarrollo Territorial, con un gran énfasis en la planeación urbana. Además, existe la restricción constitucional de mantener la actual división departamental, lo cual impide desarrollar de manera integral, democrática y cultural el ordenamiento territorial de Colombia. La actual división departamental responde más a intereses del control territorial de las elites políticas que a las dinámicas de planificación regional y local, o a las identidades regionales y organizativas de las comunidades.

-          Por ello, tanto Fals como Sarmiento proponen otro enfoque que permita  la autonomía de las regiones. Según Orlando Fals, “hay que hacer un nuevo mapa basado en la realidad”, unificar municipios en subregiones o provincias, asociar a su vez las provincias y formar unidades mayores hasta culminar en la Región Territorial Plena, con autoridades regionales y consejos propios. De acuerdo con Sarmiento, el desarrollo regional se fundamentaría políticamente en asambleas y parlamentos populares de autogestión y democracia participativa; el poder social, hoy fragmentado, se debe transformar en poder político y económico, en un contexto de democracia radical.

-          En lo internacional esto tiene implicaciones muy importantes. Como dice Libardo Sarmiento, las fronteras entre países van a tener que desdibujarse, estos conceptos regionales van a cobijar zonas supranacionales en el área andina, o en la cuenca Amazónica, por ejemplo, para que puedan tener sentido. La integración latinoamericana, económica, social, política, cultural y ambiental es la única viabilidad de estos países en el actual proceso de globalización.

-          También es necesario aceptar que la vieja idea de soberanía, como posesión absoluta y a la fuerza de un territorio estatal, está en crisis; una nación puede "desbordar sus fronteras" o "desterritorializarse" sin perder su soberanía. "Las fronteras deben verse y usarse como sitios de encuentro y entendimiento de pueblos y no, como hasta ahora, como lugares de confrontación y chovinismo"[8].

-          Según Darío Indalecio Restrepo, internamente es indispensable radicalizar el proceso hacia la descentralización de la política fiscal y productiva, la política de generación de empleo y las decisiones de infraestructura, las competencias en reforma agraria y urbana, pues para un acuerdo de paz los poderes locales no pueden ser apenas administradores de los servicios y bienes prestados por el Estado a nombre de la política social, sino que deben tener la posibilidad de convocar las inversiones públicas y privadas, nacionales y extranjeras dentro de estrategias de desarrollo productivo regional.

-          Darío Fajardo señala que los desplazamientos forzados de personas que están ocurriendo en Colombia son resultado de las formas de apropiación y valorización del suelo, articuladas con las estructuras del poder político, en particular de sus expresiones regionales y locales; propone las Zonas de Reserva Campesina como parte de las estrategias de desarrollo regional y contra el desplazamiento.

-          Martha Alicia Duque insiste en que en las regiones, en los municipios y en el escenario rural, se manifiestan con mayor crudeza los problemas estructurales de la sociedad colombiana, agudizados con la aplicación del modelo neoliberal. Además, muestra cómo el proceso de descentralización, iniciado durante la década pasada, ha entrado en crisis y agotamiento, como consecuencia de factores estructurales asociados con la irracional utilización de los recursos financieros, el clientelismo, la corrupción, y las deficiencias de la participación democrática. Se pronuncia por una estrategia de desarrollo territorial con miras a la gobernabilidad democrática y a la conformación de los Estados Regionales (Fals), en el contexto de la globalización; concertados regional y localmente.

-          Hemos incluido en este tomo las “Iniciativas relacionadas con la iniciación de los mecanismos de participación ciudadana en el proceso de paz”, así como la “Metodología de las discusiones y tema inicial a discutir”, acordadas en la Mesa Nacional de diálogo y negociación del Gobierno nacional y las FARC.

-          El análisis de tales iniciativas y metodologías también es importante. Darío Indalecio Restrepo sostiene que “un pacto político de paz, para que sea legítimo y para que consolide la paz y la convivencia, debe pasar por la participación activa de la sociedad civil”. Camilo González también polemiza con quines imponen la lógica de que la participación ciudadana en el proceso de las negociaciones y diálogos de paz es apenas “acompañamiento complementario”.

-          No podía escapar a la atención de este compendio, el “Anteproyecto de Constitución Federal para Colombia”, del cual ha sido ponente el senador Rodrigo Rivera, que presupone la convocatoria a nueva Asamblea Nacional Constituyente, iniciativa en cuya elaboración ha intervenido el Centro de Altos Estudios de Quirama, de Medellín. Según este proyecto (de cuyo juicio nos abstenemos en esta presentación y dejamos a los lectores), los actuales departamentos se convertirían en Estados autónomos y, luego, de manera gradual, se unirían entre sí hasta que el país quedara conformado entre ocho y diez Estados, de manera similar como estuvo organizado bajo la Constitución de 1863. Los defensores de esta idea sostienen que este sistema es el único que aseguraría la unidad del país.

-          Se transcribe aquí la propuesta del ELN de Convención Nacional, elemento central de esa agrupación insurgente en la perspectiva de la reconstrucción de la sociedad. Según el ELN, las conclusiones alcanzadas en tal Convención con la sociedad civil, serían un “referente en los eventuales diálogos del ELN con el Gobierno  que pueden hacer posible acercarnos a la posibilidad de una solución política”.

Parar la guerra!!!
Prioridad de esta hora

La participación ciudadana es vital para buscar salidas positivas. En cualquier hipótesis, incluidas las antes reseñadas, lo que no ofrece dudas es la necesidad y prioridad de parar la guerra en Colombia e impulsar la negociación del conflicto armado interno, antes que sea tarde, pues podría convertirse en un conflicto internacional por la intervención creciente de los EE.UU., a través del llamado “Plan Colombia”, con lo cual no solo se agrava la crisis humanitaria en el país y aumentará el número de población desplazada, sino que además crecerían los riegos de una fragmentación más explícita del territorio, alrededor de los diversos poderes de la guerra. En el compendio anterior de esta misma serie, sobre los cultivos con fines ilícitos y la Agenda de paz, hay un análisis sobre el “Plan Colombia” y distintas posiciones sobre el mismo, a las cuales remitimos al lector.

El debate sobre el desarrollo regional, la descentralización y el ordenamiento territorial del país es un asunto de gran actualidad en la agenda de paz, como ha sido planteado desde muchos ángulos y posiciones. Además, figura en la Agenda Común entre el Gobierno y las FARC y al tema han hecho alusión dirigentes del ELN, para quienes tendría viabilidad una alternativa federativa para la reorganización del país.

Pero ante todo tiene importancia desde las comunidades regionales, cuyas referencias vitales, como señala Orlando Fals, demandan un nuevo mapa basado en la realidad. En esta presentación hemos incluido apenas una muestra, muy fragmentaria y casi al azar, de los planteamientos de algunos de los autores aquí contenidos, con el fin de invitar a los lectores a utilizar el libro que tienen en sus manos como parte de las referencias, en este debate crucial sobre las alternativas y las acciones para reconstruir el horizonte utópico de un país viable y con futuro.

Darío González Posso

Bogotá, Julio de 2000

 

* Este texto corresponde a la “Presentación” de Darío González Posso, del libro “Las Claves territoriales de la Guerra y la Paz” (Bogotá, Colombia, Julio de 2000), publicado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz INDEPAZ”.


[1] Ernesto Guhl. Las Fronteras Políticas y los Límites Naturales. Fondo Fen, Bogotá, 1991.

[2] Orlando Fals Borda, Conocimiento y Poder Popular, Siglo XXI, Bogotá 1988.

[3] Alejandro Reyes. Regionalización de los Conflictos agrarios y la violencia política en Colombia. En: Municipios y regiones de Colombia. Fundación Social, Bogotá, 1998.

[4] Véase en este compendio la entrevista con Libardo Sarmiento, en relación con el tema de la coincidencia de la ubicación de los macroproyectos y las zonas de desplazamiento forzado de personas.

[5] Alejandro Reyes. Geografía de la Guerra. Lecturas Dominicales, 17 de octubre de 1999.

[6] Revista Semana, Edición No. 946, Bogotá, junio 19 – 26 de 2000.

[7] Pascal Drouhaud. Apres négociations en Colombie. L’Atlas 2000 des Conflits, Le Monde Diplomatique. Paris, Février 2000.

[8] Orlando Fals Borda. Acción y Espacio. TM Editores - IEPRI, Bogotá, enero de 2000.

 

 


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