LAS CLAVES TERRITORIALES DE LA GUERRA Y LA PAZ
Desarrollo Regional, Participación Ciudadana y Agenda de Paz
PRESENTACIÓN*
“EN ESTE PUEBLO NO MANDAMOS CON PAPELES”
“¿Usted
escribió este papel?”, le preguntó. Don Apolinar
Moscote, un hombre maduro, tímido, de complexión sanguínea, contestó que sí.
“¿Con qué derecho?”, volvió a preguntar José Arcadio Buendía. Don Apolinar Moscote buscó un papel en la gaveta de la mesa y
se lo mostró: “He sido nombrado Corregidor de este pueblo”. José Arcadio
Buendía ni siquiera miró el nombramiento.
En este pueblo no mandamos con
papeles -dijo sin perder la calma-. Y para que lo sepa de una vez, no
necesitamos ningún corregidor porque aquí no hay nada que corregir.
Ante la impavidez de don Apolinar Moscote, siempre sin levantar la voz, hizo un
pormenorizado recuento de cómo habían fundado la aldea, de cómo se había
repartido la tierra, abierto los caminos e introducido las mejoras que les
habían ido exigiendo la necesidad, sin haber molestado a gobierno alguno y sin
que nadie los molestara... No se dolió de que el gobierno no los hubiera
ayudado. Al contrario, se alegraba de que hasta entonces los hubieran dejado
crecer en paz, y esperaba que así los siguiera dejando, porque ellos no habían
fundado un pueblo para que el primer advenedizo les fuera a decir lo que debían
hacer...
Gabriel García Márquez – “Cien Años de Soledad”.
Algunas veces se olvida el papel
que las comunidades, con mayores o menores grados de autonomía, han ejercido en
la construcción regional, aunque es preciso reconocer también que a menudo les
ha sido impuesto “el desarrollo” y que aun existe la tentación de imponérselo
desde afuera y desde “centros” nacionales e internacionales a partir de los
cuales se ejerce el poder económico y político del capital. Sin embargo, en
Colombia ha habido tradicionalmente más territorio que Estado. Aquí no ha
existido Estado-nación consolidado y, a juicio de muchos estudiosos del tema, posiblemente
no lo habrá, a pesar de los ingentes esfuerzos de un centralismo ya caduco.
La teoría política dominante
sostiene que un Estado no es imaginable sin una base espacial - territorial y
que son el poder político y militar estatales los que determinan el dominio
territorial del mismo, estableciendo sus “fronteras”. Pareciera que aún
conservamos la herencia del Siglo XIX en América, cuando la regla era, como
recuerda Ernesto Guhl[1], que “el poder estatal no
alcanzaba a llegar a las zonas fronterizas del espacio limítrofe de los Estados
geográficos y las fronteras fueron fijadas por el famoso Uti
Possidetis de 1810”, principio que significa Así
como habéis poseído, poseáis, según el cual el área territorial de los
nuevos Estados de la era republicana debería ser igual a la que tenían antes de
independizarse de España. Al Uti Possidetis se le agregó el término Juris,
para indicar que era una posesión de derecho. Como se sabe, esto dio origen a
conflictos fronterizos entre países en el siglo XIX y a guerras civiles en
Colombia, entre “centralistas” y “federalistas”.
Todo Estado tiende a un dominio
que ejerce a menudo en forma violenta, incluso hacia adentro de lo que se
considera “su” territorio, o “su” espacio geográfico, de manera que “la
frontera es el producto del movimiento del poder estatal, en contraste con un
límite natural que es a la vez una zona de contacto de una región natural con
otra región” (Guhl). La frontera no tiene porqué
coincidir con el límite natural y rara vez lo hace. A los límites naturales,
siguen los culturales, que son los límites que marcan el impacto, positivo o
negativo, de los seres humanos sobre el entorno natural. Las fronteras son ante
todo los confines de un Estado o de una división territorial interna.
La relación de los
grupos sociales y políticos dominantes con el espacio, es similar a la ejercida
sobre los grupos sociales subordinados: explotación del trabajo y expoliación
de la naturaleza. Es por esto que las concepciones de esas elites políticas
sobre el ordenamiento territorial y las fronteras vinculan división territorial
con dominación política. Pero los hombres y mujeres de las regiones, los
colonos, los trabajadores, los pueblos indígenas, las comunidades afroamericanas, los campesinos, como recuerda Orlando Fals, ignoran las fronteras formales, pues actúan con
referencias vitales, más funcionales desde el punto de vista comunitario y
diferentes de las institucionales que son definidas por el Estado. “Los límites
formales, sirven para legitimar el control político de gamonales y caudillos
sobre los territorios y poblaciones”[2]. Pero estos modelos por
diferentes causas se están fracturando.
Además, en Colombia, aparte de una
histórica debilidad institucional, ahora se han fortalecido regionalmente los
llamados paraestados como consecuencia de la concentración
de poderes locales de la guerrilla, el narcotráfico y el paramilitarismo.
La guerrilla hoy tiene jurisdicción de
facto sobre un importante número de municipios del país. Los narcotraficantes,
al vincularse a la gran propiedad territorial de manera masiva, han contribuido
a una verdadera contrarreforma agraria y ha fortalecido su poder local.
Según algunas estimaciones, los narcotraficantes han adquirido tierras en el
42% de los municipios del país[3], en muchos casos para incrementar
el esquema de baja productividad de la ganadería vacuna extensiva. El paramilitarismo, por su parte, se ha constituido para la
defensa de poderosos intereses nacionales e internacionales de la acumulación
del capital en una economía globalizada[4], también está al servicio de
grandes propietarios territoriales, en especial de aquellos enriquecidos con el
narcotráfico, y según afirman muchos análisis hace parte de la estrategia del
Estado contra la guerrilla[5]. Según lo reveló a la Revista Semana[6] la Federación Colombiana de
Municipios, para los próximos comicios de octubre de 2000, el 40% de los
alcaldes se encontrará en zonas de influencia guerrillera o paramilitar, lo
cual pone de relieve las dimensiones de estos fenómenos.
El Estado
se encuentra hoy con una de las más
profundas crisis institucionales, en medio de ácidos debates por la corrupción
que campea en las diferentes ramas del poder y que ha enfrentado al ejecutivo y
al legislativo (correspondía a mediados del 2000, en el Gobierno de Pastrana).
Estas son apenas las manifestaciones del momento. Colombia vive hace rato una
de sus más profundas crisis de gobernabilidad, que impregna todas las
estructuras de la institucionalidad del Estado.
Según muchos
análisis el país se ha fragmentado, el territorio pareciera que se ha empezado
a dividir, con zonas estratégicas en las cuales el Estado ha sido reemplazado
en sus funciones por una “institucionalidad” de facto que en amplias
extensiones del territorio nacional detentan el poder local. Una de las
características de la situación colombiana es precisamente el colapso parcial
del Estado, que el proceso constituyente de 1991intentó superar.
Para muchos
observadores, especialmente extranjeros, en nuestro país ya ha ocurrido o
tiende a producirse una repartición territorial tácita, en zonas de
influencia o de dominio de diferentes cuerpos armados. Por ejemplo, un artículo
del Atlas 2000 de los Conflictos,
publicado en París por Le Monde Diplomatique,
indica que “El Presidente Pastrana no quiere acceder al reconocimiento del
status de beligerancia que demanda la oposición armada, porque según él esto
significaría un fraccionamiento del país”[7].
Otro aspecto que revela la importancia de los temas
territoriales y regionales en relación con este conflicto tiene que ver con la
tendencia de la insurgencia a pasar de la prioridad sobre la toma del poder a controlarlo o construirlo
en los ámbitos locales. Por ello, el centro del conflicto cada vez más se ha
expresado en el control -total o parcial- de las instituciones a niveles
regionales y locales, con sus consecuencias sobre las políticas públicas y la
gestión del desarrollo regional.
El
gobierno nacional, en esta y en las pasadas administraciones, ha tendido a centralizar
los diálogos en los
niveles del poder Ejecutivo nacional. Tal parece que aceptar y propiciar las
negociaciones regionales, con la participación de actores regionales, sería
tanto como reconocer y "legitimar" a la guerrilla como interlocutor
válido a nivel local, que es precisamente donde ella concentra su poder.
Frente a estas realidades del desarrollo territorial, hoy
cruzado por la guerra, que en esta presentación apenas son esbozadas con rápidas
pinceladas, se expresan en Colombia diversos puntos de vista, algunos de los
cuales hemos logrado incorporar en el presente compendio para el debate en
relación con una agenda para la paz.
-
De
acuerdo con varios autores aquí incluidos, como Orlando Fals
o Libardo Sarmiento, Colombia carece de un verdadero
ordenamiento territorial, sobre bases ambientales y culturales, que siga las
dinámicas locales y regionales, al igual que el interés nacional animado por un
proyecto de largo plazo. El máximo avance lo constituye la Ley 388 de julio de
1997 conocida como Ley de Desarrollo Territorial, con un gran énfasis en
la planeación urbana. Además, existe la restricción constitucional de mantener
la actual división departamental, lo cual impide desarrollar de manera
integral, democrática y cultural el ordenamiento territorial de Colombia. La
actual división departamental responde más a intereses del control territorial
de las elites políticas que a las dinámicas de planificación regional y local,
o a las identidades regionales y organizativas de las comunidades.
-
Por
ello, tanto Fals como Sarmiento proponen otro enfoque
que permita la autonomía de las
regiones. Según Orlando Fals, “hay que hacer un
nuevo mapa basado en la realidad”, unificar municipios en subregiones o provincias, asociar a su vez las provincias y
formar unidades mayores hasta culminar en la Región Territorial Plena,
con autoridades regionales y consejos propios. De acuerdo con Sarmiento, el
desarrollo regional se fundamentaría políticamente
en asambleas y parlamentos populares de autogestión y democracia participativa;
el poder social, hoy fragmentado, se debe transformar en poder político
y económico, en un contexto de democracia radical.
-
En lo internacional esto tiene
implicaciones muy importantes. Como dice Libardo
Sarmiento, las fronteras entre países van a tener que desdibujarse, estos
conceptos regionales van a cobijar zonas supranacionales en el área andina, o
en la cuenca Amazónica, por ejemplo, para que puedan tener sentido. La
integración latinoamericana, económica, social, política, cultural y ambiental
es la única viabilidad de estos países en el actual proceso de globalización.
-
También
es necesario aceptar que la vieja idea de soberanía, como posesión
absoluta y a la fuerza de un territorio estatal, está en crisis; una nación
puede "desbordar sus fronteras" o "desterritorializarse"
sin perder su soberanía. "Las fronteras deben verse y usarse como sitios
de encuentro y entendimiento de pueblos y no, como hasta ahora, como lugares de
confrontación y chovinismo"[8].
-
Según
Darío Indalecio Restrepo, internamente es indispensable radicalizar el proceso hacia la descentralización de la política
fiscal y productiva, la política de generación de empleo y las decisiones de
infraestructura, las competencias en reforma agraria y urbana, pues para un
acuerdo de paz los poderes locales no pueden ser apenas administradores de los
servicios y bienes prestados por el Estado a nombre de la política social, sino
que deben tener la posibilidad de convocar las inversiones públicas y privadas,
nacionales y extranjeras dentro de estrategias de desarrollo productivo
regional.
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Darío Fajardo señala que los desplazamientos forzados de
personas que están ocurriendo en Colombia son resultado de las formas de
apropiación y valorización del suelo, articuladas con las estructuras del poder
político, en particular de sus expresiones regionales y locales; propone las Zonas
de Reserva Campesina como parte de las estrategias de desarrollo regional y
contra el desplazamiento.
-
Martha
Alicia Duque insiste en que en las regiones, en los municipios y en el
escenario rural, se manifiestan con mayor crudeza los problemas estructurales
de la sociedad colombiana, agudizados con la aplicación del modelo neoliberal.
Además, muestra cómo el proceso de descentralización, iniciado durante la
década pasada, ha entrado en crisis y agotamiento, como consecuencia de
factores estructurales asociados con la irracional utilización de los recursos
financieros, el clientelismo, la corrupción, y las deficiencias de la
participación democrática. Se pronuncia por una estrategia de desarrollo
territorial con miras a la gobernabilidad democrática y a la conformación de
los Estados Regionales (Fals), en el contexto
de la globalización; concertados regional y localmente.
-
Hemos
incluido en este tomo las “Iniciativas relacionadas con la iniciación de los
mecanismos de participación ciudadana en el proceso de paz”, así como la
“Metodología de las discusiones y tema inicial a discutir”, acordadas en la
Mesa Nacional de diálogo y negociación del Gobierno nacional y las FARC.
-
El
análisis de tales iniciativas y metodologías también es importante. Darío
Indalecio Restrepo sostiene que “un pacto político
de paz, para que sea legítimo y para que consolide la paz y la convivencia,
debe pasar por la participación activa de la sociedad civil”. Camilo González también polemiza
con quines imponen la lógica de que la participación ciudadana en el proceso de
las negociaciones y diálogos de paz es apenas “acompañamiento complementario”.
-
No
podía escapar a la atención de este compendio, el “Anteproyecto de Constitución
Federal para Colombia”, del cual ha sido ponente el senador Rodrigo Rivera, que
presupone la convocatoria a nueva Asamblea Nacional Constituyente, iniciativa
en cuya elaboración ha intervenido el Centro de Altos Estudios de Quirama, de Medellín. Según este proyecto (de cuyo juicio
nos abstenemos en esta presentación y dejamos a los lectores), los actuales
departamentos se convertirían en Estados autónomos y, luego, de manera gradual,
se unirían entre sí hasta que el país quedara conformado entre ocho y diez
Estados, de manera similar como estuvo organizado bajo la Constitución de 1863.
Los defensores de esta idea sostienen que este sistema es el único que
aseguraría la unidad del país.
-
Se
transcribe aquí la propuesta del ELN de Convención Nacional, elemento central
de esa agrupación insurgente en la perspectiva de la reconstrucción de la
sociedad. Según el ELN, las conclusiones alcanzadas en tal Convención con la
sociedad civil, serían un “referente en los eventuales diálogos del ELN con el
Gobierno que pueden hacer posible
acercarnos a la posibilidad de una solución política”.
La participación ciudadana es vital para buscar salidas
positivas. En cualquier hipótesis, incluidas las antes reseñadas, lo que no
ofrece dudas es la necesidad y prioridad de parar la guerra en Colombia e
impulsar la negociación del conflicto armado interno, antes que sea tarde,
pues podría convertirse en un conflicto internacional por la intervención
creciente de los EE.UU., a través del llamado “Plan
Colombia”, con lo cual no solo se agrava la crisis humanitaria en el país y
aumentará el número de población desplazada, sino que además crecerían los
riegos de una fragmentación más explícita del territorio, alrededor de los
diversos poderes de la guerra. En el compendio anterior de esta misma serie,
sobre los cultivos con fines ilícitos y la Agenda de paz, hay un análisis sobre
el “Plan Colombia” y distintas posiciones sobre el mismo, a las cuales
remitimos al lector.
El debate
sobre el desarrollo regional, la descentralización y el ordenamiento
territorial del país es un asunto de gran actualidad en la agenda de paz, como
ha sido planteado desde muchos ángulos y posiciones. Además, figura en la
Agenda Común entre el Gobierno y las FARC y al tema han hecho alusión
dirigentes del ELN, para quienes tendría viabilidad una alternativa federativa
para la reorganización del país.
Pero ante todo
tiene importancia desde las comunidades regionales, cuyas referencias vitales,
como señala Orlando Fals, demandan un nuevo mapa
basado en la realidad. En esta presentación hemos incluido apenas una
muestra, muy fragmentaria y casi al azar, de los planteamientos de algunos de
los autores aquí contenidos, con el fin de invitar a los lectores a utilizar el
libro que tienen en sus manos como parte de las referencias, en este debate
crucial sobre las alternativas y las acciones para reconstruir el horizonte
utópico de un país viable y con futuro.
Bogotá,
Julio de 2000
*
Este texto corresponde
a la “Presentación” de
[1] Ernesto Guhl. Las Fronteras Políticas y los Límites Naturales.
Fondo Fen, Bogotá, 1991.
[2] Orlando Fals Borda, Conocimiento y Poder Popular, Siglo XXI, Bogotá
1988.
[3] Alejandro Reyes. Regionalización de los Conflictos agrarios y la
violencia política en Colombia. En: Municipios y regiones de Colombia.
Fundación Social, Bogotá, 1998.
[4] Véase en este compendio la entrevista con Libardo Sarmiento, en relación con el tema de la coincidencia de la ubicación de los macroproyectos y las zonas de desplazamiento forzado de personas.
[5] Alejandro Reyes.
Geografía de la Guerra. Lecturas Dominicales, 17 de octubre de 1999.
[6] Revista Semana,
Edición No. 946, Bogotá, junio 19 – 26 de 2000.
[7]
Pascal Drouhaud. Apres négociations en Colombie. L’Atlas 2000 des
Conflits, Le Monde Diplomatique. Paris, Février 2000.
[8] Orlando Fals Borda. Acción y Espacio. TM Editores - IEPRI, Bogotá,
enero de 2000.
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